Nos encontramos ante la urgente tarea de proponer soluciones sistémicas a la corrupción en el ámbito de la salud, que con frecuencia rodea el quehacer profesional, afectando obras, infraestructura y provisión de equipos de ingeniería biomédica.
El área de “Asuntos Jurídicos” no es suficiente, por sí misma, para neutralizar demandas y requerimientos legales. Se necesitan acciones netamente proactivas que asimilen mejores prácticas, estándares y normas. Ellas -aún siendo voluntarias- constituyen las verdaderas herramientas para la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la integridad institucional.
Entre ellas podemos enunciar: Programas de Compliance; Acreditaciones Nacionales o Extranjeras; Certificaciones de Proceso, Social, Ambiental, Antisoborno; Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas -ODS- y la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
¿Cómo colaboran las acreditaciones y certificaciones?
Las acreditaciones y las certificaciones sirven para delinear procesos y propender a la mejora continua. Producen voluntariamente, ambientes regidos por regulaciones validadas globalmente. Esta circunstancia ofrece una ventaja estratégica en la lucha contra la corrupción cuando, al mismo tiempo, la alta conducción se corresponde con una “dirección por valores”.
En el ámbito de instituciones médicas, se destacan en particular, a nivel internacional, la acreditación JCI (Joint Commission International) y las certificaciones de procesos (9001:2018), ambiental (14001:2015), antisoborno (37001:2016) y la 41001:2018 de Facility Managment.
¿Cómo contribuyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ODS 2030?
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada por 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- que se especifican en 169 metas, parten de una concepción holística en cuanto a la urgente necesidad de respeto al prójimo, al planeta y al compromiso intergeneracional que nos debe guiar.
Los 17 ODS demandan la integridad de nuestros actos y de nuestras instituciones.
El ODS 3 “Salud y Bienestar” impacta directamente en la salud pero también hay otros que se vinculan íntimamente con la calidad de vida y la vitalidad de la población. Solo por nombrar alguno de ellos, cabe mencionar: “Fin de la Pobreza”; “Educación de Calidad”; “Agua Limpia y Saneamiento”; “Energía asequible y no contaminante”; “Ciudades y Comunidades Sostenibles”.
Por su parte, los ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” y 17, “Alianzas para lograr los objetivos”, son imprescindibles en la lucha anticorrupción.
Debemos propiciar el cumplimiento de estos objetivos, asegurando que todo proyecto se encuentre alineado con los ODS 2030, para que no queden en una mera enumeración de intenciones y se conviertan en garantes de instituciones íntegras, transparentes y sostenibles.
Términos de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
Esta Ley permite responsabilizar penalmente a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, que incurran en ciertas interacciones corruptas con funcionarios públicos en caso de verificarse delitos de cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; concusiones (exigencia de impuestos, prestaciones o multas en provecho propio); enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; balances e informes falsos agravados.
Asimismo, la Ley exige la implementación de programas de integridad orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos, a aquellas personas jurídicas que sean contratadas por el Estado. En caso de delito, los programas de integridad son tomados como atenuantes para la graduación o exención de penas.
Reflexiones
Lo dicho nos muestra que los “valores éticos” para las organizaciones, no solo viven en el campo de la moral -cuya demanda es social-, sino que también se plasman en el campo del “deber ser” cuyo incumplimiento trae aparejada una sanción.
La única estrategia válida para institucionalizar estos valores y mitigar el riesgo siempre presente de la corrupción, es la estricta prevención. Las herramientas mencionadas resultan idóneas para fortalecer la integridad, y lograr ese cometido.
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