¿Integridad o lucha contra la corrupción?

Frente a esto nos preguntamos ¿qué conmemoración es más importante, la de la Integridad o la del “Día Internacional Contra la Corrupción”?

Los “Días Internacionales” nos dan la oportunidad de sensibilizarnos como sociedad acerca de aquellos temas trascendentes de la agenda mundial. Es interesante observar que ambas fechas  remiten a propósitos comunes; pero no son lo mismo y están conceptualmente bien diferenciados. En principio podríamos apreciar una complementariedad, como la hay entre el “Día Internacional del Agua” (22 de marzo) y el “Día Internacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía” (17 de junio).

Para ensayar una respuesta, realizamos un análisis comparando acciones e impactos de dos hechos de corrupción similares en dos regiones bien diferenciadas: la Unión Europea (UE) y Latinoamérica (LATAM).

Bolsos con “coimas” en Euros para UE y en dólares para LATAM

La vicepresidenta del Parlamento Europeo y eurodiputada griega EVA KAILI, luego de viajar a Qatar interesada por las condiciones laborales de los trabajadores migrantes en las construcciones para el entonces próximo mundial de Fútbol, expresó que las mismas eran inmejorables e incluso con estándares superiores a muchas empresas europeas.

Organizaciones expertas en la vigilancia de los derechos más elementales de los trabajadores ya habían puesto en evidencia la genuina gravedad de la situación. Para ser más precisos y poder correlacionar el desenlace del denominado “Qatargate”, la eurodiputada EVA KAILI expresó en el parlamento europeo el 22 de noviembre de 2022:

“La Copa Mundial de Qatar es, en efecto, una prueba de cómo la DIPLOMACIA DEPORTIVA puede provocar la transformación histórica de un país, con reformas que inspiran al mundo árabe. Qatar está a la cabeza de los derechos laborales, abolición de la KAFALA (explotación laboral) e introducción del salario mínimo, retos que incluso las empresas europeas se niegan a reforzar mediante leyes…ya han logrado lo imposible”

Tan solo 17 días después, el viernes 9 de diciembre de 2022, en coincidencia con el “Día Internacional Contra la Corrupción” la ahora ex vicepresidenta del Parlamento Europeo y ex eurodiputada fue encarcelada. 

Es importante describir la velocidad de reacción de las organizaciones y sus autoridades a partir de que la Oficina central para la Represión de la Corrupción (en francés: Office Central pour la Répression de la Corruption OCRC) abrió una investigación sobre esta organización criminal. El juez de instrucción Michel Claise dispuso, entre otras acciones: 20 allanamientos y 8 arrestos que permitieron el decomiso del orden de 1,5 millones de euros en bolsos, algunos en manos del padre de EVA KAILI y otros en la casa de esta última. Al primer día hábil siguiente a la detención de EVA KAILI, la Autoridad Antilavado de Dinero de Grecia había congelado todos los activos de ella y de sus familiares cercanos. Un día después fueron selladas por investigadores, oficinas de parlamentarios implicados en Estrasburgo (Francia).

La recepción de estos pagos indebidos a cambio de influencia en el Parlamento Europeo movilizó a que su presidenta ROBERTA METSOLA, el jueves 15 de diciembre comunicara los cuatro puntos principales de las reformas para recuperar la confianza en el organismo:

1.Refuerzo de los sistemas de protección de los denunciantes de irregularidades del Parlamento

2.Mayor restricción y seguimiento de aquellas conductas que puedan originarse en condiciones de conflicto de intereses. En particular las surgidas de círculos de amistades o vínculos no oficiales

3.Revisión del mecanismo de vigilancia al cumplimiento del Código de Conducta del Parlamento

4.Examen completo y en profundidad del proceso de interacción con terceros países

En la misma tercera semana de diciembre, tanto la presidenta de la Comisión Europea URSULA VON DER LEYEN y la ombudsman o defensora del pueblo europeo, EMILY O’REILLY, avalaron la conformación de un ente independiente controlador de la ética de las organizaciones públicas de la Unión Europea (UE). En particular, la ombudsman señaló la necesidad de que ese ente independiente tenga el poder de investigar y sancionar dado que la Unión Europea, en sus palabras: “…es un gran jugador global y por supuesto, desde las compañías tecnológicas hasta los Estados fuera de la UE, intentarán influir en ella”.

El mapa del delito involucró a dos ONG internacionales denominadas: “Fight Impunity” (Lucha contra la Impunidad) y “No Peace Without Justice” (Sin paz no hay justicia).vNo es intención avanzar en los detalles del caso, sino simplemente remarcar la celeridad, operatividad y eficiencia por parte de diversos organismos públicos y autoridades del más alto nivel de la Unión Europea, congelando activos, decomisando bolsos con dinero y encarcelando funcionarios públicos en actividad o con injerencia en ONGs con poder de lobby.

El 23 de abril de 2023 la justicia accedió a que EVA KAILI de filiación partidaria socialista y madre de una hija de 2 años de edad cambie su régimen de prisión preventiva en la cárcel belga de Haren por un arresto domiciliario con brazalete electrónico. Permanecerá en su domicilio hasta que finalice el correspondiente juicio en el que permanece imputada por participar en una organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción. 

Por su parte, el ex eurodiputado y responsable de la ONG “Fight Impunity”, Pier Antonio Panzeri, firmó un «acuerdo de arrepentimiento» con la Fiscalía a cambio de una pena de cárcel reducida. Se comprometió a «hacer declaraciones sustanciales, reveladoras, veraces y completas sobre la implicación de terceros y, en su caso, sobre su propia implicación en los hechos delictivos objeto de la causa».

¿Qué sucede a nivel Latinoamericano y en la República Argentina en particular con la corrupción política de alto nivel, con la manipulación de bolsos con dólares y transferencias ilícitas de dinero por parte de las organizaciones criminales? 

Durante la década pasada y solo en Brasil la compañía ODEBRECHT desembolsó 349 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos y logró ganancias por 1900 millones de dólares.

En diciembre del año 2016 la Corte del Distrito Este de Nueva York realizó una acusación sobre la compañía brasileña ODEBRECHT por el pago de 788 millones de dólares en sobornos con destino final a funcionarios de los siguientes países: Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

Los medios de pago de los sobornos, dada la magnitud y dispersión geográfica, trascendieron el “bolseo” y requirieron del uso de sociedades offshore, complejas transferencias a terceros para dificultar la trazabilidad y otros artilugios.

Las consecuencias son trágicas para nosotros los “ciudadanos latinoamericanos” que habitamos los 10 países referenciados en este caso y que se encuentran inmersos en esta arquitectura transnacional de sobornos. Por ello muchas obras no están alineadas con las auténticas prioridades y se aprueban aún con vicios ocultos que hacen a la seguridad. 

Se puede afirmar que los 10 países latinoamericanos pusieron en evidencia corrupción de alto nivel y que prácticamente todos los gobiernos interlocutores fueron elegidos libremente y en democracia por sus ciudadanos. 

Por su parte, la actual vicepresidenta de la República Argentina fue condenada en 2022 en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos, bajo el cargo de defraudación al Estado. La sentencia no se encuentra firme y tiene dos instancias de apelación. Continúa ejerciendo su cargo. 

El ex-secretario de Obras Públicas JOSÉ LÓPEZ fue sorprendido en la madrugada del 16 de junio de 2016, cuando se encontraba en la puerta de un convento mientras intentaba esconder bolsos con nueve millones de dólares. En agosto de 2018 dejó la prisión tras convertirse en uno de los imputados colaboradores en la causa conocida como “cuadernos de la corrupción”, bajo el sistema de Protección de Testigos. 

La cantidad de casos de corrupción de alto nivel en LATAM es muy extensa y conocida. En estas líneas simplemente queremos recordar su intensidad, cronicidad y la particular dificultad en lograr su mitigación frente a otras regiones.

¿Hay diferencias entre ambas regiones, más allá del tipo de moneda (Euros o Dólares) en que se pagan las coimas?

Sí, hay diferencias actitudinales muy significativas:

1.Mientras que en el caso “Qatargate” el tiempo transcurrido entre el inicio de la investigación y la prisión preventiva de los implicados no superó los 6 meses, en LATAM estos procesos se dilatan hasta muchos años después de abandonar el mandato. En LATAM los fueros protegen incluso en casos que son decididamente “infraganti”. 

2.La ex vicepresidenta del Parlamento Europeo fue despojada de sus cargos políticos, de su afiliación partidaria, del manejo de sus bienes y de su libertad con muy pocas horas de diferencia, sin que surjan manifestaciones colectivas que intenten su defensa o reivindicación.

3.En el “Qatargate” lo que aquí llamaríamos el “arco político” se movilizó proactivamente apoyando las acciones asumidas por la justicia. La presidenta del Parlamento, la presidenta de la Comisión Europea y la ombudsman fueron contundentes con lo que llamaríamos propuestas de mejora continua. En LATAM y en Argentina en particular no se registra un nivel de reacción así que procure remontar con solidez el daño reputacional infringido por los hechos de corrupción de alto nivel.

¿El origen de esta marcada diferencia actitudinal es cultural? 

La visión de Geert Hofstede, ingeniero y psicólogo social, es de gran ayuda para aclarar este aspecto central. El mismo ha sido puesto en contexto de un modo brillante por Guido Waisberg en su libro: “Derecho Internacional y lucha contra la Corrupción – Obstáculos culturales y técnicos vinculados a la aplicación de los estándares internacionales anticorrupción”.

Hofstede trabajó en una corporación internacional hace casi medio siglo y necesitaba obtener el mejor rendimiento de los equipos de trabajo en sucursales dispersas en el mundo e inmersas en distintas culturas. A la fecha no se duda acerca de la vigencia y entidad de la categorización de atributos de Hofstede para analizar rasgos culturales específicos, o bien para sensibilizar, capacitar o configurar un modelo de intervención cultural.

Es posible acceder a las seis dimensiones que conforman el perfil cultural de los países en https://www.hofstede-insights.com y a partir de ello visualizar los atributos en LATAM, comparándolo con el de los países de la UE u otras regiones.

Para Argentina lo obtenemos directamente en: https://www.hofstede-insights.com/country-comparison-tool?countries=argentina

Las seis dimensiones que permiten las comparaciones entre culturas de distintos países son: distancia entre estratos sociales (“Handling inequality”), el grado de dependencia de otros (“from individualism to collectivism”), los rasgos de género emocionales (“from Masculinity to feminity”), el nivel de aversión a lo desconocido (“uncertainty avoidance”), la perspectiva temporal (“from long to short term orientation), y el manejo de los impulsos naturales (“from indulgence to restraint”).

Se observa claramente la puntuación de las seis dimensiones aplicadas a Argentina. Recordemos que dentro de la medición de 0 a 100 puntos su mayor o menor puntuación no implica valoración positiva o negativa alguna. Se trata de la simple expresión de un patrón genérico de atributos; pero los mismos son extremadamente útiles para poder interpretar sobre qué aspectos clave hay que trabajar para mitigar la corrupción.

Si exploramos a través de la lente de este modelo 6-D de Hofstede, podemos obtener una excelente visión general de las diferencias culturales de países de LATAM y en particular la Argentina, con relación a países de la UE.

Son relevantes para el análisis de Mitigación de la Corrupción y Cultura Argentina las dimensiones 4, 5 y 6 de Hofstede. Una cultura como la nuestra, que tiene aprehensión crónica a la incertidumbre (dimensión 6 con 86 puntos) impide la incursión en verdaderos cambios como lo es la tolerancia cero a la corrupción. La escasa orientación a largo plazo (dimensión 5 con 20 puntos) dificulta el emprendimiento de una verdadera política pública contra la corrupción que sin duda en nuestro caso será un esfuerzo transgeneracional. Por último, pero no menos importante, tenemos una cultura altamente permisiva (dimensión 6 con 62 puntos) en la socialización de los niños y en el comportamiento general.

En síntesis, a diferencia de otras culturas nuestra aversión a los cambios, el cortoplacismo que nos urge y la permisividad generalizada son el blindaje casi perfecto para impedir que permeen en la sociedad las políticas ANTICORRUPCIÓN y menos aún un reclamo masivo frente a la corrupción de alto nivel a la que lamentablemente estamos acostumbrados.

¿Estuvieron orientadas las políticas públicas hacia la efectiva intervención cultural en nuestra sociedad para que en el futuro se mitigue la megacorrupción de alto nivel político? 

La respuesta es obvia, no se orientaron las políticas públicas en el sentido de consolidar la imprescindible transformación cultural. La promoción de la INTEGRIDAD en las currículas educativas de todos los niveles debió ser el principal impulsor para doblegar los rasgos culturales tóxicos, los cuales finalmente se traducen en daños irreversibles para los más vulnerables. 

Listemos los fracasos institucionales bajo la visión de HOFSTEDE

• TRANSPLANTE de LEGISLACIÓN INTERNACIONAL a LATAM. Se trata de legislación válida en el contexto de América anglosajona; pero de demostrada dificultad de asimilación en nuestra región por los rasgos culturales muy distintos de América latina (LATAM). El etnocentrismo cultural de estas leyes, aún con la jerarquía constitucional, operan como un injerto que no prende en la región.
• Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Delitos de Corrupción. Una Ley prácticamente sin “casos” ni condenas luego de transcurridos aproximadamente 6 años. Sin duda, será muy difícil “conseguir casos” para esta Ley si no trabajamos previamente interviniendo favorablemente sobre 3 o 4 factores culturales críticos señalados por la visión de Hofstede.
• PROTAGONISMO de las “TRES LÍNEAS de DEFENSA” del CONTROL INTERNO. Es otro concepto etnocéntrico anglosajón totalmente válido en otras regiones dado que se “defiende” de la amenaza externa; pero en LATAM es todo lo contrario, el mayor riesgo proviene de los actores internos de la organización, de algunos “servidores” públicos con arraigada convicción de corrupción.  
• OFICINAS ANTICORRUPCIÓN y ORGANISMOS SIMILARES en LATAM. Los “ANTI” en la cultura LATAM han servido para radicalizar posiciones y generar el efecto contrario al deseado. Además de la falencia de diseño organizacional por la falta de autonomía el eje debió haberse focalizado en la promoción de la INTEGRIDAD. Solo así bajamos la ansiedad a la incertidumbre de nuestra sociedad reactiva, promovemos el trabajo de largo plazo e inducimos a la restricción de nuestras conductas. Hablamos entonces de alinear tres de los seis factores culturales de Hofstede. El actual programa RITE (Registro de Integridad y Transparencia para Entidades y Empresas) está orientado en esta dirección.
• Introducción de la “Cultura del Compliance” o mejor dicho “Cultura de la INTEGRIDAD” en la Administración Pública Nacional. La incorporación masiva de buenas prácticas en los organismos públicos no cuenta con el correspondiente “Órgano Rector de INTEGRIDAD” equivalente a la SIGEN para la Auditoría Interna. La Oficina Anticorrupción con áreas afines subsumidas en su estructura reactiva (anticorrupción) y sin autonomía (cambia su responsable con los cambios de gobierno) impide el aprovechamiento de estas herramientas. En la cultura LATAM a diferencia de las Leyes (imposiciones), las adopciones de buenas prácticas consensuadas suelen asumirse como “pactos de sangre”. Estamos perdiendo este verdadero nicho de avance al no darle lugar prioritario en la estructura del Estado.

En este orden de cosas y dados nuestros rasgos culturales, la inserción del “Organismo Rector de la Integridad” (ORI) para el SPN bien podría ser un “Ministerio de la INTEGRIDAD”, dada la transversalidad y protagonismo que urgentemente necesitamos. Los alineados con lo “políticamente correcto” pronto demolerían una iniciativa de este tipo con los argumentos que lamentablemente sí son estándares en la región: “no hay antecedentes en otros países” (se valida en LATAM solo si otra cultura lo hace previamente), “lo público requiere complejos pasos madurativos” (se presume una incapacidad genética de comprensión en el Estado) o simplemente la expresión nefasta: “hay que calibrar la aplicación del Compliance” (quebrar la esencia de la disciplina para bajar los riesgos de continuidad en las posiciones de gestión). 

Para combatir la Corrupción debe existir una INTEGRIDAD SOSTENIBLE totalmente arraigada en los servidores públicos y ello posiblemente será cuando abordemos soluciones culturales aptas para LATAM, nos desprendamos de la gradualidad madurativa para los funcionarios públicos, acelerando los procesos y asumiendo las fricciones esperables al ejercer conducciones de alto nivel “100% Compliance”. 

Estamos obligados a empatizar con quienes sufren la pobreza, no les sirven a los millones de víctimas las expresiones “políticamente correctas”, las demoras de “maduración” en los procesos, ni los temores de esos “servidores” públicos que no arriesgan acciones disruptivas para asegurar la permanencia en sus cargos.  

¿Si la política pública se centra en la intervención cultural sobre algunas de las dimensiones de la visión Hofstede podemos desnaturalizar la Corrupción en LATAM?

La región latinoamericana no es apta para recibir y asumir soluciones “enlatadas” y aunque se trate de “estándares internacionales” la probabilidad de éxito se cifra en la adaptación de la norma a su cultura o bien en la perseverante mutación de ésta orientándola al cumplimiento.

En síntesis, los mandatos del derecho internacional y la presión de la comunidad que lo representa consiguió en LATAM la aprobación de las leyes contra la corrupción; pero como dijimos, la expectativa de descenso de la corrupción no se cumplió. 

Recordemos la visión de Hofstede en lo que respecta a la dimensión 4 de evitar la incertidumbre y donde paradójicamente nos sentimos “seguros” con mucha normativa que en realidad estamos dispuestos a no cumplir. Tratamos de justificar esta situación señalando la falta de “enforcement” o aplicación de la legislación por parte de quienes deben hacerla cumplir. Este tema está muy bien tratado por la Doctora Dorothea Garff en un artículo titulado: “¿Más sanciones o mayor innovación? Con foco en Alemania y Argentina” en        www.womenincompliance.com.ar 

También sostenemos una red compleja de normas que nos permiten hablar de: “Las raíces legales de la corrupción o de cómo el derecho público fomenta la corrupción en lugar de combatirla” según el excelente libro del Doctor Héctor A. Mairal de Ediciones Rap S.A. del año 2007.

¿Cómo logramos la gobernanza trasnacional en la lucha contra la corrupción política de alto nivel?

Marcelo Eugenio Feitosa Almeida propone soluciones innovadoras en su sólida tesis doctoral: “CAPTURA y CORRUPCIÓN POLÍTICA en SUDAMÉRICA: FUNDAMENTOS para la EDIFICACIÓN de un SISTEMA REGIONAL de INTEGRIDAD POLÍTICA” Universidad de Salamanca – año 2020. Allí aborda la necesidad de “edificar un sistema regional de integridad política”.

En el capítulo III de la Tesis hay una perspectiva panorámica de los desafíos en LATAM. Está muy bien planteado el concepto de neutralizar cualquier Red de Corrupción con una sólida Red Anticorrupción Transnacional. Para gestionar esta Gran Guerra se necesita que en los nodos (países) de esa red se asegure la INTEGRIDAD. Se refiere a la INTEGRIDAD no solo en las instituciones, sino especialmente en sus actores principales: los POLÍTICOS de alto nivel. 

La Gran Guerra contra la Corrupción se podrá librar cuando prevalezca la INTEGRIDAD Política que comienza en el mismo pre-gobierno con el control de gastos electorales y la validación de la financiación de la acción política, entre otros aspectos. Así como es de importante la INTEGRIDAD durante la gestión política, también lo es el control de la INTEGRIDAD pos-gobierno.

Hay consenso en LATAM, en relación a que recursos originados en el narcotráfico y la corrupción han patrocinado campañas y consiguientes gobiernos a cambio de ventajas indebidas concretas. El caso de Odebrecht y sus maniobras transnacionales son un claro ejemplo.

Es obvio que gobiernos electos nutridos de fuentes corruptas desvirtúan su agenda pública a favor de otros intereses, apartados de la expectativa ciudadana.

Es fundamental interpretar la necesidad de empoderar al ciudadano en el sentido que indica la tesis:

“Concluimos, además, que el último y más importante actor institucional es el ciudadano. Él es el más importante porque es precisamente el agente capaz de necesitar liberarse de su condición de cliente o espectador político pasivo y convertirse en un agente activo, que ejercita sus derechos políticos de participación hacia los cambios necesarios. Para ello, concluimos que es esencial una “política de educación política” que empiece por hacer que la sociedad, «prenda los motores» necesarios para movilizar los cambios en la región. La voluntad política, elemento esencial en la construcción de la Superestructura de Integridad Política, nace, precisamente, de un rechazo ciudadano del estado de cosas actual y la consiguiente elección por el cambio.

Sin embargo, para comprender la necesidad de cambio y enterarse de su poder de transformación, el ciudadano en los más jóvenes, entienda, como mínimo, los conceptos básicos de los sistemas políticos, las funciones de los poderes y de las organizaciones políticas, la imprescindibilidad del régimen democrático y las consecuencias perversas de la corrupción”.

Es muy interesante seguir esta línea de pensamiento en la cual se ve muy claro que prácticamente no hay lucha efectiva contra la corrupción (ANTICORRUPCIÓN) si no hay previamente INTEGRIDAD en los efectores de la política de alto nivel. Vimos previamente que esta INTEGRIDAD no se logra coercitivamente, al menos en LATAM, con leyes etnocéntricas. Hay que trabajar las dimensiones culturales de la visión de Hofstede, en particular la 4,5 y 6; pero esto no alcanza sino se asume una Superestructura Regional de INTEGRIDAD Política (SRIP).

La SRIP no pretende integración regional alguna. Todos conocemos lo endeble que es el MERCOSUR convertido en compartimentos estancos y el fracaso del UNASUR como claramente se señala en la tesis.

El SRIP es “…un sistema puntual, de propósito específico, de Gobernanza Trasnacional de la Anticorrupción Política”.  

Es evidente que la mejor Estrategia de “lucha contra la corrupción” en LATAM es la lucha previa por la INTEGRIDAD en sus países.

Nuevamente, no es posible llevar a cabo una lucha anticorrupción que tenga posibilidad de éxito si no se construye previamente la INTEGRIDAD SOSTENIBLE en la sociedad.

¿Qué medidas deberían adoptarse para construir INTEGRIDAD en la cultura latinoamericana?

Las reflexiones que surgen de este breve análisis son:

1. Construcción de INTEGRIDAD

No existe lucha efectiva que permita una probabilidad de éxito contra la corrupción (ANTICORRUPCIÓN) sino hay previamente una construcción de INTEGRIDAD en la sociedad, de la cual se nutren los efectores de la política, en particular los “servidores” públicos de alto nivel.  

1. Intervención en la cultura social para construir INTEGRIDAD

En LATAM la INTEGRIDAD no se logra “por decreto”. Los “injertos legislativos” que sin duda fueron hitos, son necesarios; pero no son ni serán suficientes para avanzar en la ANTICORRUPCIÓN sino trabajamos simultáneamente en la intervención cultural, asumiendo visiones como la de Hofstede, para construir INTEGRIDAD. Como mencionamos, nuestro temor a los cambios, nuestra apuesta al corto plazo y la permisividad generalizada (dimensiones 4,5 y 6) son aspectos en los que debemos hacer foco para lograr avances sólidos en un esfuerzo que será transgeneracional.

2. Cultura de “Compliance” es “Cultura de INTEGRIDAD”

En primer lugar, necesitamos hacer amigable el vocablo “Compliance” en nuestras latitudes. Un término cuya traducción indica “cumplimiento” no nos aporta buena comunicación y comprensión de lo que en realidad significa en otros países. Hablemos entonces de “Cultura de INTEGRIDAD” en LATAM porque “cumplimiento”, “Ley” o “Decreto” es en gran medida para la región una imposición u obstáculo que hay que evadir u oponerse. Es sorprendente; pero con frecuencia es más fácil lograr adhesión sobre una “Buena Práctica” muy exigente, adoptada con el consenso de las partes interesadas, que sobre leyes reglamentadas de tenor similar. Esta experiencia se visibiliza por ejemplo en aspectos de Seguridad e Higiene en el trabajo.

3. Empoderar al ciudadano mediante la “Cultura de INTEGRIDAD”

La adopción de currículas educativas orientadas a mitigar las dimensiones culturales que impiden incorporar la “Cultura de INTEGRIDAD” permitirá, además de muchas otras medidas complementarias (por ejemplo: migración de la pauta de gobierno con marketing político a contenidos educativos en este nuevo rumbo) empoderar a los ciudadanos. Los mismos ciudadanos posiblemente reclamarán estos atributos en los líderes políticos del futuro. La exigencia de INTEGRIDAD a los servidores públicos debe ser abordada en el aprendizaje que recibimos ya desde el nivel preescolar. Así forjaremos el camino más apto y rápido para equiparar oportunidades a futuro.

Como se expresa en la tesis de la Universidad de Salamanca, hay que definir una “política de educación política” que movilice la sociedad y nutra de mayor cantidad de servidores públicos honestos a la región. 

4. RED “Lac Len” y SUPERESTRUCTURA REGIONAL de INTEGRIDAD POLÍTICA 

La Red Lac Len (Latin America & Caribbean Anti-Corruption Law Enforcement Network) compuesta por oficiales encargados de hacer cumplir las leyes anticorrupción en América latina y el Caribe es fundamental para sentar las bases de la Superestructura Regional de Integridad Política (SRIP). Atentos a nuestros rasgos culturales es más factible alinear objetivos frente a un tema concreto, que nos daña secularmente y por igual, que pretender una integración regional que se presenta abstracta y que a la luz de los resultados nos ha segmentado con mayor intensidad que en el pasado. Quizás, en las próximas generaciones, si logramos vencer a la Corrupción Transnacional de alto nivel, podamos progresar en estructuras como el UNASUR o similares, pero ya integrados por la INTEGRIDAD.

5. MINISTERIO de la INTEGRIDAD – Órgano Rector de la INTEGRIDAD

Las denominaciones y funciones de los Ministerios de gobierno nacen de los aspectos claves que su programa de gobierno considera prioritarios o trascendentes. Lamentablemente, copiamos organigramas de necesidades de otras regiones, del mismo modo que como se dijo trasplantamos legislación. En las últimas décadas el número de Ministerios en Argentina oscilaron entre 8 y 21. Pusieron de relevancia diversas temáticas; pero ninguna hizo hincapié a profundizar en la herramienta maestra que permita acceder a la deseada “justicia social”: la INTEGRIDAD. La transversalidad de su injerencia ha llevado a que países como Corea del Sur implementaran a instancias de coaliciones de ciudadanos a medir sistemáticamente el índice de INTEGRIDAD de sus organismos públicos y propiciar de este modo la mejora continua.

6. Trilogía virtuosa de INTEGRIDAD, CALIDAD y AUDITORIA

Se impone en LATAM la creación de órganos rectores de la INTEGRIDAD, del mismo modo que en el pasado se crearon los órganos rectores de Auditoría. La disciplina de la INTEGRIDAD (compliance), como se dijo, permite la agilidad táctica que nunca brindará la Auditoría para combatir la corrupción estructural. Los “vehículos blindados” en que se mueva la INTEGRIDAD serán las normas de CALIDAD de adopción voluntaria (ISO 37.301: 2021 Sistema de Gestión de INTEGRIDAD; ISO 37.001: 2016 Sistema de Gestión Antisoborno; etc.).

Los “Oficiales de Integridad”, a modo de discípulos de Peter Eigen, fundador de Transparency International, provendrán de líderes en gestión ejecutiva previa, para que no acontezca lo que sucede a veces en el campo de la Auditoría que proclama líneas de defensa estáticas emulando esa línea Maginot que fue inútil en su cometido durante la segunda guerra mundial. La posición subalterna de las herramientas que propician la INTEGRIDAD (compliance) dentro de organismos Anticorrupción es contraproducente. Como se expresó, los “ANTIS” nunca condujeron al logro de largo plazo (dimensión 5 de Hofstede) en LATAM.

7. Reconozcamos al verdadero enemigo interno a la INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Es obvio que el mayor nivel de la INTEGRIDAD INSTITUCIONAL estará en relación directa con la mayor INTEGRIDAD de sus servidores públicos, lo cual se logra si la sociedad crece en esa dirección. Según lo expresó el experto Richard Weksmann: “la lucha contra la corrupción no debe ser una lucha contra el enemigo político”. Por estos motivos, se impone la necesidad de consensuar, para los aspirantes a cargos públicos el anteponer la exigencia de un “curriculum de integridad” inobjetable antes de hacer la selección final en función de las aptitudes profesionales. La aceptación voluntaria de acceso a una “due diligence” personal será más útil y preventiva que la solicitud de rutina de sus “antecedentes penales”.  

8. INTEGRIDAD SOSTENIBLE en LATAM

Hablamos siempre de compromisos generacionales en el cuidado del Ambiente. No destruir aquello que las generaciones futuras necesitan para vivir o simplemente disfrutar. En el caso aquí tratado de la “lucha” por la INTEGRIDAD el desafío es transgeneracional, nos trasciende en cuanto al esfuerzo y la perseverancia necesaria. 

Es casi imposible impulsar un “movimiento B” de triple impacto positivo en el plano económico, social y ambiental si no existe la INTEGRIDAD SOSTENIBLE en sus actores. La mayor calidad democrática de los países siempre está apuntalada por las respectivas sociedades que presentan esa INTEGRIDAD SOSTENIBLE. La actitud de la Eurozona frente a la vicepresidenta del Parlamento EVA KAILI no fue un milagro, se basa en la condición de sociedad con INTEGRIDAD SOSTENIBLE. 

Su logro para la región es el gran desafío por delante y lo que aprendimos de los múltiples fracasos institucionales debe servirnos, como dijimos, para no aceptar frases “políticamente correctas” y reemplazar la espera de “madurez” por la generación de catalizadores que aceleren radicalmente los procesos. Nunca ser doblegados por quienes procuran “calibrar” la INTEGRIDAD. 

En Argentina, la mitad de la sociedad y aún más de la mitad de la población infantil no pueden seguir siendo víctimas de dilaciones, falta de lenguaje claro y dichas “calibraciones”. Lo mismo ocurre con los ciudadanos Latinoamericanos que “maduran” espontáneamente la pobreza extrema y clientelismo esclavista que produce la Corrupción.

COROLARIO

En LATAM y particularmente en Argentina nos encontramos ante una gran oportunidad en el próximo año 2024 para revertir las políticas públicas esclavistas, que lejos de producir INTEGRIDAD fortalecen la dependencia, la proliferación de endogrupos en confrontación y, en síntesis: la injusticia social sostenible anclada en el saqueo del Estado. Como señala el politólogo Sebastián Mazzuca para Argentina, el eje del Estado Patrimonialista que representamos consiste en que la coalición de gobierno trata los recursos fiscales como propios y los deriva a sus estructuras partidarias o los transforma en beneficios privados. 

Lo más adecuado frente a ese Estado Patrimonialista actual es el Estado de tipo neoweberiano que se cimenta en una gestión que es productora de bienes públicos, impersonal y de calidad (o sea de tipo “legal-racional”) asegurando las exigencias contemporáneas de: agilidad, pragmatismo y coherencia presupuestaria. Sin INTEGRIDAD no es posible afianzar este modelo que nos permitirá recuperar las prestaciones públicas esenciales: educación, salud, seguridad y justicia sin otorgar privilegios.

El efecto pinza que la implementación de una sólida política pública de INTEGRIDAD (compliance) que pivoteé fundamentalmente desde los programas educativos y la conformación de una estructura de gobernanza transnacional (red Lac Len empoderada u otra estructura a conformar) para combatir el cohecho internacional en la región, pueden hacer la gran diferencia a favor de los más perjudicados.

Sin duda, respondiendo a la aparente antinomia de este análisis: “¿Qué conmemoración es más importante, la del “Día Internacional de la Integridad” (9 de junio) o la del “Día Internacional Contra la Corrupción” (9 de diciembre)? Podemos decir que el orden cronológico en el calendario acompaña la secuencia que necesitamos. A partir de la INTEGRIDAD en la sociedad venceremos en la lucha contra la CORRUPCIÓN. Sin INTEGRIDAD (compliance) en la comunidad y por ende en sus actores políticos no tendremos las fuerzas necesarias para combatir la corrupción sistémica nacional y transnacional.

Para finalizar, parafraseando y adaptando un concepto excelente de la tesis mencionada, podemos afirmar: 

“La corrupción es una forma de opresión. Luchar contra la opresión es luchar por la libertad. Está en los genes de la historia Sudamericana la lucha por la libertad. El enemigo es común, esquivo y a veces intangible; pero tenemos armas e ideas innovadoras y seguramente, también existen en nuestros territorios líderes como Peter Eigen (fundador de Transparency International), que están dispuestos a dar esta nueva Guerra por la Independencia en LATAM”.