Instituciones deportivas sólidas e íntegras

¿El Compliance es aplicable a asociaciones civiles? Por supuesto que sí. El Compliance se concibe como el conjunto de cumplimientos legales y buenas prácticas que en conjunto dotan a la organización de procedimientos ágiles, eficientes y transparentes para lograr mayor productividad, buena imagen reputacional y un alto compromiso con la sociedad. Por tal motivo, todo tipo de entidad puede adoptarlo.

Las instituciones deportivas tienen determinadas particularidades que las hacen propicias para integrar estos lineamientos a su estructura. Como bien lo describe la Oficina Anticorrupción en su estudio exploratorio “Integridad y Buen Gobierno de entidades deportivas” (Abril 2019), el deporte ha adquirido una creciente relevancia económica y social. Se trata de un sector que ha asumido una función en la educación, el desarrollo económico y la inserción social, entre otras. Además, gana complejidad por la multiplicidad de actores que participan en él.

Pero atención! No solo debe considerarse a los programas de integridad y Compliance como una iniciativa recomendable, sino, principalmente como estratégica. Estas son algunas de las razones:

• En primer lugar, porque al tratarse de asociaciones civiles están alcanzadas por la Ley 27.401 de Responsabilidad de Personas Jurídicas. Contar con programas de integridad, atenúa, posibles sanciones que puedan recaer en la institución.

• Va en línea con iniciativas de nivel mundial dirigidas a fomentar la transparencia y la integridad en las organizaciones deportivas.

• Permite identificar, prevenir y gestionar riesgos inherentes a la actividad, así como otros eventuales.

• Colabora significativamente en la buena gobernanza de organizaciones complejas.

• Otorga transparencia a los actos electorales y en general, a sus normas, planes, procesos y acciones. Estas medidas favorecen notoriamente la rendición de cuentas.

En síntesis, el Compliance en entidades deportivas, no solo intenta evitar la comisión de delitos y sus consecuentes sanciones penales, sino que contribuye a fortalecer sus estructuras organizativas, económicas y sociales. Permitirá, asimismo, favorecer una política de transparencia, buena gobernanza y gestión, para dotar a la institución de una buena reputación.