La implementación de un Sistema de Gestión de Integridad Institucional es una decisión estratégica orientada a mejorar el desempeño global para la generación de valor en un ambiente regido por la ética y transparencia, con el consecuente aumento del compromiso organizacional.

Este sistema ofrece un enfoque proactivo al promover la integridad en vez de focalizarse en la “lucha” contra la corrupción y sus acciones punibles. Se estructura en un enfoque del control orientado al cumplimiento de las “4I”: integridad, institucionalidad, integralidad e internalización. Ellas facilitan la obtención de las conocidas “3E”: economía, eficacia y eficiencia.

Como primera instancia, se requiere la realización de un diagnóstico de madurez de la organización en materia de Integridad Institucional para detectar los riesgos internos que incrementan los actos de corrupción, la violencia laboral, institucional y conflictos intersectoriales.

Una vez identificados, la empresa genera una protección y defensa natural frente a actos contrarios a la integridad ya que puede abordar la causa raíz de esos actos y darle un tratamiento sistémico e integral que haga foco en el fortalecimiento institucional, en la gestión del capital humano y especialmente en los aspectos intangibles de las relaciones organizacionales.

El sistema tiene una configuración dinámica sobre la base de la mejora continua. En este sentido, el avance en la implementación del sistema conlleva un mejor rendimiento de la organización en lo relativo a su capacidad para prevenir y, en su caso, sancionar la corrupción.

Diversas administraciones públicas están avanzando en iniciativas que buscan implementar sistemas similares con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones, podemos citar casos como los de Paraguay, Perú, Cataluña, El Salvador, y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica -ANMAT- de Argentina.